A propósito de la Audiencia Pública de Equilibrio de Poderes en la Corte Constitucional:



Marzo 31 de 2016


Manifestar el sentimiento que me embargó durante la discusión, en la Comisión Primera del Cámara, y los debates en Plenaria, del Acto Legislativo 02 de 2015; claro, bajo el entendido básico que según el artículo 150, numeral 1, de la Constitución Política de Colombia, sobre la funciones del  Congreso de la República, a este le corresponde “Interpretar, reformar, y derogar las leyes”. En suma, nos corresponde a los congresistas hacer las leyes, es nuestra misión principal.

Lo anterior, para el desarrollo y materialización del preámbulo del marco constitucional donde se establece “…con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia (…), dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político y económico y social y justo y comprometido….”(la cursiva y subrayado es nuestra), así como del artículo 40 superior que dentro del Título II, De los derechos, las garantías y los deberes, consagra que  la facultad que tiene todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, cuestión que en igual medida le corresponde a todos funcionarios públicos según sus competencias.

Honestamente creo, que frente al trámite que se le dio al Acto Legislativo al interior del Congreso, actuamos dentro de nuestras competencias, con el mayor respeto sobre las altas cortes; y en cuanto a la reforma de la justicia en particular, se escuchó ampliamente en varias audiencias públicas a los representantes del gobierno, miembros de la academia, sindicatos, sociedad civil, litigantes etc. En el mismo sentido, es importante resaltar que el Congreso cuenta con una representatividad del 43.6% de la población habilitada para votar, esto es, algo más de 14 millones de colombianos, cuestión que le proporciona legitimidad para dar trámite al proceso legislativo.

El gobierno nos presentó un proyecto de reforma a la Constitución, que debatimos ampliamente, justamente por la preocupación de lo que viene pasando en la Rama Judicial: La congestión judicial, aumento 26% pasando de 3.600 a 4.100 en 2014; aumento de procesos en 233% pasando de 23.000 a 300.000; solo el 20% procesos llega término, pero lo más grave, nueve de cada 10 homicidios queda sin procesar; lo anterior sin ahondar en los múltiples paros judiciales que en los últimos cinco años se han presentado, en promedio tres meses por año, en los cuales el servicio y derecho de acceso a la justicia ha sido suspendido en perjuicio de una sociedad que demanda justicia pronta y eficaz.

Nunca me pasó por la mente que estuviésemos entrometiéndonos o vulnerando la autonomía de la Rama Judicial; por el contrario, se buscó equipar a la justicia de una herramienta de gerencia para que pueda cumplir y prestar un mejor servicio, esencial, para los ciudadanos, tal y como lo es propiamente la justica. En particular quiero mencionar que yo si me comprometí con mis electores para velar para que la justicia funcione, por ello hago parte de la comisión primera de Cámara e igualmente también participo activamente en la subcomisión de seguimiento a la Rama. A ese efecto, también quiero dejar constancia de mi sorpresa, cuando al efectuar los seguimientos, la Fiscalía fue la única entidad pública que no concurrió  a ninguno de los debates de control político en el Congreso, pese a que se le invito o se le citó para que diera las explicaciones mínimas sobre su gestión en el orden presupuestal; por el contrario el ex fiscal se preocupó por gestionar que se aprobasen aumentos de recursos, pero cuando fue requerido para que explicase cómo y en qué los manejaba y qué resultados había obtenido con semejante presupuesto, nunca presento la cara ni mando algún informe escrito.

No quiero extenderme más, por lo que quiero terminar manifestando que por mi parte actúe con plena convicción de la necesidad de la reforma juridicial en Colombia, dentro de las competencias constitucionales, y por eso confió en que la Corte Constitucional en su misión de salvaguardar la Constitución entienda que los argumentos que esgrime la demanda no tienen lugar, por cuanto no se transgredió la autonomía, ni la imparcialidad  del Poder Judicial, ya que el objetivo fundamental del Acto Legislativo, como ya lo mencione, es otorgar herramientas de gerencia a una Rama que a la fecha cuenta con graves fallas que afectan directamente a la sociedad.